Aunque polémica, la decisión del gobierno costarricense es correcta y muy acertada: las fuerzas armadas norteamericanas y sus agencias especializadas apoyaran desde Costa Rica la lucha contra el narcotráfico. Un portaviones de 258 metros de eslora, con 1,500 marines, 46 buques artilleros, 200 helicópteros, 20 aviones y 7,000 soldados integran esta fuerza de tarea que enfrentará al ejército ilegal más violento y destructivo que jamás se haya conocido.
Al amparo del tratado suscrito entre Estados Unidos y Costa Rica en 1999, la apertura del territorio tico debe leerse en su justa dimensión. Es una valiente posición de la presidenta Laura Chinchilla, quien busca prevenir algo que si duda ya ocurre: el narco no solo sobrevuela y navega por cualquier territorio soberano, sino paga a sus colaboradores con droga, misma que envenena y mata a miles de ciudadanos costarricense al llegar a las calles y transformarse en dinero.
Las naciones que han hecho caso omiso a los daños colaterales –directos, me parece- que deja el tráfico de drogas ilícitas, pagan ahora carísimas consecuencias en violencia inimaginable, destrucción social y degradación de sus sistemas moral, legal y económico. Si tal y como se comenta en voz baja, el territorio tico nunca había sido tan utilizado por los narcotraficantes como ahora, es más que oportuna la decisión. Armados a más no poder, y con la ventaja de la impunidad y el altísimo lucro, éstos representan una amenaza real para la sociedad de los países puente. Sin tener cómo combatirlos, la batalla se antoja perdida antemano en especial en una nación pacífica, sin ejército desde 1948 y vecino cercano de la zona de mayor producción de drogas en el mundo.
Por eso resultaba urgente una decisión de esta magnitud. Descabellado sería que, estando al tanto de la situación geopolítica y militar provocada por el narcotráfico, las autoridades ticas se parapetaran detrás del argumento pro soberanía a ultranza. Peor aún: pronto han surgido las voces que acusan a la fuerza de tarea norteamericana, de “ser una amenaza para la estabilidad del área”, en especial, para los países miembros del ALBA y los otros satélites de Venezuela. A menos que Chávez, sus amigos y aliados estén involucrados en el narcotráfico, nada tienen que temer.
La presencia militar norteamericana es una respuesta coherente con el momento, pues les corresponderá a los norteamericanos asumir costos, riesgos y esfuerzos para reducir la llegada de drogas a su territorio.
Guatemala firmo el 19 de junio de 2003 el convenio con Estados Unidos para cooperar en la supresión del tráfico ilícito marítimo y aéreo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y me parece que es un acuerdo de las mismas o muy similares características, habría que preguntarse, porque aquí no nos han mandado ni una “pistola de agua”. Debemos ser honestos y realistas como naciones: no tenemos capacidad tecnológica ni los recursos suficientes para enfrentar a quienes trasiegan droga libremente por nuestra zona. Entonces, ¿por qué no compartir la carga con quienes sí tienen la posibilidad de frenar este moderno jinete apocalíptico?
Las decisiones de Estado ante el riesgo pueden no ser las más apegadas al romanticismo lírico que muchos quisieran. Pero son importantes e ineludibles cuando de preservar la integridad de las sociedades se trata.
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