Durante una reunión el pasado lunes, con académicos, columnistas y empresarios interesados en el llamado juicio del siglo, tuve la oportunidad de escuchar a la licenciada Zury Ríos exponer una serie de reflexiones en torno al espinoso tema; ayer escuche la versión de fuentes allegadas a la parte acusadora y de allí afloraron una serie de elementos que llaman a reflexión, independientemente de la inocencia o culpabilidad de los generales Ríos Montt y Rodríguez. Hoy me queda claro que este juicio es la prueba de fuego de un sistema que debería basar sus sentencias en pruebas objetivas y científicas —y dejar por un lado la especulación, el testimonio infundado y el dedazo— para darle certeza al concepto de justicia en un país como el nuestro, donde lo que menos se percibe es confianza en el trabajo de los tribunales.
Muchos guatemaltecos —tanto o más numerosos de los que reclaman sentencia condenatoria— rechazan la idea de un juicio por genocidio. Para ellos, el dolor ha aflorado y queda expuesta la baja calidad de la práctica procesal del país, un hito de confianza o confirmada duda en la justicia.
¿Qué realmente ha provocado semejante discusión a nivel nacional? ¿Dónde están los errores que llevaron a las cortes a retrotraer el proceso? Veamos: el juicio contra los generales evidenció la incapacidad de la jueza Yazmín Barrios para sobreponerse a la carga ideológica que lleva el proceso, olvidó que casos como el que estaba conduciendo precisan de extremo escrúpulo y plena observancia de los detalles para no quedar a merced de recursos posteriores que echen por tierra la sentencia que se produzca.
Por ejemplo, inició el debate cinco meses antes de lo programado, en un momento en que aún se gestionaba un amparo provisional; no podía comenzar porque el recurso incidía sobre prueba que debía ser recibida por un juez distinto en la etapa intermedia. Y siguió adelante, a pesar de que existía causa de excusas y recusaciones entre los litigantes y el tribunal, y viceversa. La jueza Barrios cometió, quizá, el peor de las violaciones al derecho de defensa cuando expulsó al abogado de confianza de Ríos Montt; sume a ello la intención de obligar a los defensores del otro acusado a representar forzosamente a Ríos Montt, sin ser ellos miembros de la Defensa Pública.
La jueza no permitió la inmediata incorporación de un nuevo defensor del principal acusado, y mientras que con los acusadores fue permisiva y flexible, los defensores fueron limitados excesivamente para acceder a los mismos recursos, hecho que palidece ante la decisión de no darle la palabra al acusado cuando este solicitó permiso para intervenir en el debate. Según el Código Procesal, el acusado puede intervenir tantas veces como lo solicite.
Los errores cometidos por la jueza Barrios no cesan allí: desconoció una orden de la CC y rebatió lo actuado por la rigurosa y valiente jueza Carol Patricia Flores, hasta hace poco heroína de los activistas de DDHH y hoy siendo vilipendiada por estos. La jueza Barrios, además calificó de ilegales las instrucciones de las instancias superiores y dejó en evidencia un denodado interés por castigar a quienes se acusaba.
Por eso, la actuación de la CC de la tarde de ayer merece el reconocimiento y el agradecimiento de toda la sociedad guatemalteca, por que sin prestarse a ningun juego politico, ni ceder a presiones foraneas inapropiadas, busca con sus resoluciones que se retome la buena gestion legal y que se enderece un proceso que podria ser el parteaguas de la justicia y la paz nacional.
Guatemala, 24 de Abril, 2013
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